Ex presidente de ANIP y líder de Ciencia con Contrato analizan causas y consecuencias para elaborar el presupuesto en ciencia.

¿Más recursos o reforma para Fondecyt?

Por CLAUDIO PÉREZ Y NATALIA MUÑOZ

16 de octubre de 2017

Tomando en cuenta estos antecedentes, así como otros que se desprenden del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos 2018 y las ejecuciones presupuestarias en años anteriores, nos parece urgente que los investigadores académicos, especialmente aquellos de mayor trayectoria y renombre, no solo levanten la voz a la hora de reclamar por mayores recursos para Fondecyt.

Ante el revuelo causado por académicos y Premios Nacionales en Ciencias denunciando, una vez más, el insuficiente presupuesto 2018 para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en general, y para el financiamiento de proyectos Fondecyt en particular, creemos necesario aclarar lo siguiente:

1) El proyecto de Ley de Presupuestos 2018 aumenta en un 2,4% los recursos totales destinados al programa Fondecyt en relación al presente año, sin embargo se introduce por glosa una reducción importante del monto destinado a financiar nuevos proyectos en el Concurso Regular, dirigido a académicos de mayor trayectoria. La causa de este recorte no se ha hecho pública pero podría deberse, entre otros factores, a mayores costos de arrastre, a un aumento en los costos globales por proyecto y/o a un incremento de la tasa de adjudicación en los concursos Fondecyt de Iniciación y Postdoctorado, los que benefician a investigadores jóvenes que comienzan a independizarse en sus carreras académicas.

2) De acuerdo a las cifras de proyectos adjudicados en los últimos 4 años, el programa Fondecyt destina más de $15.000 millones de su presupuesto anual al pago de sobresueldos (o “incentivos”) a los académicos consolidados que se adjudican financiamiento en el Concurso Regular. Estos honorarios de libre disposición se introdujeron originalmente en las bases del concurso para suplementar los ingresos de profesores universitarios e incentivar sus actividades de investigación, algo difícil de justificar en el escenario actual, donde existen múltiples programas que entregan estímulos económicos similares, y donde el salario promedio de académicos ocupados con grado de doctor (principales beneficiarios del Fondecyt Regular) corresponde a 1,8 millones de pesos mensuales. En este contexto, cabe cuestionarse si es realmente necesario incrementar significativamente los recursos para este ítem de Fondecyt, en circunstancias que solo eliminando los sobresueldos se podrían financiar alrededor de 150 proyectos adicionales al año, un aumento de casi un 30%, lo cual sin duda tendría un impacto mayor en nuestro sistema nacional de investigación.

Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de aumentar los esfuerzos de inversión nacional en CTI, hay que tener en cuenta dos elementos al momento de discutir y evaluar incrementos presupuestarios. El primero es reconocer que existen múltiples y diversas necesidades nacionales que deben abordarse con recursos acotados. En consecuencia, el impacto social a través de políticas y programas públicos depende de su efectividad y eficiencia en cuanto a la inversión realizada respecto del retorno social que generan. El segundo elemento a tener en cuenta dice relación con el propósito y los objetivos que se pretenden alcanzar con la inversión pública. En ese sentido, es ampliamente reconocido que la política que ha seguido el país para fomentar la investigación se basa, principalmente, en el subsidio a la demanda de investigadores para desarrollar proyectos de corto, mediano y largo plazo. Es decir, históricamente no ha existido un propósito claro ni una articulación que conecte de manera coherente todos los programas e instrumentos que actualmente existen en el sistema nacional de CTI, más allá de desarrollar capacidades generales (“masa crítica”) y aumentar la formación de investigadores (“capital humano”). Suponemos que será una de las principales tareas del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entregarle esa coherencia a estas actividades en el marco de un plan estratégico y una política nacional de CTI, por lo que nos parece antojadizo solicitar aumentos presupuestarios importantes en un período de transición hacia una nueva, y ojalá mejor, forma de organizar el sistema de CTI chileno.3) Dos de las demandas más apremiantes que se manifiestan desde la comunidad científica nacional son la inserción de investigadores jóvenes y la valoración de la CTI en la sociedad. Ambas han sido utilizadas con frecuencia por investigadores y autoridades académicas para justificar la necesidad de incrementar la inversión pública que hace el país en CTI. Pues bien, las dos iniciativas de CONICYT que, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), recibirán incrementos significativos en sus asignaciones presupuestarias para el año 2018 son el programa de Inserción de Investigadores jóvenes, que aumentará en un 9% sus recursos respecto a 2017, con un monto total de $6.385 millones; y el programa Explora que recibirá un aumento del 3,5%, alcanzando un total de $6.152 millones. Esto representa un esfuerzo interesante, considerando que este año el producto interno bruto del país crecerá por debajo del 2%. En este escenario, resulta aún más incomprensible y superfluo el gasto en sobresueldos del Fondecyt Regular, cuyos recursos permitirían, a lo menos, cuadruplicar el número de investigadores jóvenes insertados anualmente en la academia y en la industria, o multiplicar por 30 el número de proyectos de valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología del programa Explora.

Tomando en cuenta estos antecedentes, así como otros que se desprenden del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos 2018 y las ejecuciones presupuestarias en años anteriores, nos parece urgente que los investigadores académicos, especialmente aquellos de mayor trayectoria y renombre, no solo levanten la voz a la hora de reclamar por mayores recursos para Fondecyt. A estas alturas, resulta imperativo que hagan un esfuerzo adicional por replantearse cómo utilizan los recursos que les entrega el Estado para la investigación en Chile, especialmente en tiempos de limitaciones presupuestarias y de una necesaria discusión acerca del propósito y los objetivos de la investigación nacional y su financiamiento.

Fuente: El Mostrador

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