Informe de Resultados Taller “Conflictos y propuestas para la investigación en Chile”

Compartimos con ustedes el informe final que resume las discusiones del taller “Conflictos y propuestas para la investigación en Chile”, realizado el día 16 de Junio de 2016 y en el que participamos cerca de 300 investigadores a lo largo del país. El documento será entregado a autoridades de CONICYT y CNID, para su consideración en el diseño de políticas públicas para ciencia y tecnología.

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RESUMEN EJECUTIVO

El taller “Conflictos y propuestas para la investigación en Chile” se llevó a cabo en las sedes de la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Osorno, Valdivia y Puerto Montt el 16 de junio de 2016, con el objetivo de reunir a científicos de todas las áreas del conocimiento para expresar sus preocupaciones y propuestas, las que luego serían entregadas a las autoridades.

El taller reunió a cerca de 300 investigadores de universidades privadas y estatales, además de representantes de empresas y organizaciones no gubernamentales y públicas, quienes reflexionaron en torno a tres preguntas: (1)¿Cuáles son las principales preocupaciones o barreras que identifican los investigadores para realizar investigación?; (2)¿Cuáles son las propuestas de los investigadores para mejorar las condiciones en que se realiza investigación en Chile?; y (3) ¿Qué esperamos de un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología?.

Las principales barreras mencionadas por los investigadores para realizar ciencia fueron: la excesiva burocracia de los sistemas, la falta de mirada de largo plazo en las políticas públicas y una sensación de desconfianza general hacia quienes evalúan y asignan recursos. Además se releva la necesidad de no reducir la ciencia solo a su aspecto económico, la “precariedad” que existe en regiones y un llamado a tener una perspectiva multidisciplinaria con mirada de género. Se reconoce la baja vinculación de los científicos con la población, con el sector privado e incluso con investigadores de otras áreas.

Un punto importante es el llamado a considerar la actividad de investigación un trabajo, que implique una carrera profesional y condiciones laborales justas, haciendo referencia a la falta de trabajo estable y beneficios como seguros de salud y jubilación. Esto se suma a la preocupación por la baja empleabilidad y dificultades de inserción de doctores jóvenes. Se plantea como solución la creación de centros regionales estatales para abrir plazas de trabajo y tener acceso a equipamiento sofisticado. También se menciona la necesidad de definir áreas prioritarias de investigación como guía que permita la creación de grupos fuertes, sin desproteger buenos proyectos en áreas no prioritarias y dando énfasis a las necesidades de cada región.

Los investigadores aducen la falta de equipamiento y plazas de trabajo a la baja inversión del Estado en ciencia y tecnología, pero también plantean que se debe revisar los criterios usados en la asignación de recursos. Se señala nuevamente que se deben extender los tiempos del financiamiento.

Cuando se pide que los investigadores entreguen propuestas, se vuelve a mencionar la necesidad de que el Estado tome definiciones respecto del rol de la ciencia en nuestra sociedad, pero que se haga con una mirada de largo plazo y que considere las peculiaridades de las distintas regiones sin encasillar a la ciencia como un insumo puramente económico. En este sentido se ve con buenos ojos la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con centros regionales de investigación, un centro nacional de ética, un centro nacional de divulgación y entidades que faciliten y coordinen la labor en regiones. Todos ellos con una perspectiva multidisciplinar.

En materia de gestión pública, se propone examinar qué programas necesitan más recursos y cuáles pueden recibir menos o eliminarse, sin embargo la principal preocupación está en los procesos de adjudicación de fondos concursables. Hay un llamado por mayor transparencia en la evaluación y adjudicación de fondos, con especial preocupación por las comisiones evaluadoras, a quienes se les pide aplicar criterios de equidad de género.

Además de solicitar un aumento en la inversión en ciencia y tecnología por parte del Estado, se piden más incentivos para que las empresas nacionales y extranjeras inviertan más en esta área. Se reitera que toda inversión debería considerar criterios de largo plazo (10 años), regionalización y multidisciplinariedad.

Aunque hay solicitudes por mejorar las capacidades de las agencias que manejan los fondos públicos, lo más relevante es según los investigadores, darle mayor coherencia a la gran cantidad y variedad de concursos disponibles. Los investigadores creen que se debe fomentar la investigación básica y aplicada por igual, así como el trabajo en grupos multidisciplinarios por sobre lo individual. Además, diferenciar en la competencia por fondos a investigadores jóvenes de los consagrados. Para facilitar la interacción entre investigadores se propone crear un repositorio abierto con todas las investigaciones realizadas en el país, y el uso compartido de equipos de alta tecnología.

La valoración y divulgación de la actividad científica se identifican como actividades muy importantes, pero que no pueden abordarse adecuadamente si no mejora la calidad de la educación, en especial en los niveles básicos. Se sugiere entonces vincular más a los investigadores con el sistema escolar junto con promover las actividades de divulgación.

Respecto de la comunidad científica como tal, se plantea la necesidad de promover espacios de interacción y discusión, incluso pasado por la creación de nuevas organizaciones para facilitar la vinculación con otros entes sociales como tomadores de decisiones. Nuevamente se hace hincapié en la necesidad de promover equidad de género a todo nivel, así como el desarrollo de la investigación en regiones, y la necesidad de respetar la normativa vigente en cuanto a las condiciones de trabajo, considerando una remuneración acorde al trabajo realizado.

La institucionalización de una “carrera de investigador” está asociada a diversos aspectos como: incentivar vocaciones científicas, fortalecimiento de la actividad dentro de las universidades, regularizar las condiciones contractuales de los investigadores, y mejorar la asignación de recursos, entre otros.

Por último, cuando se enfoca la reflexión en un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, una preocupación importante es el perfil del ministro o ministra. Se piensa en una persona con experiencia en investigación, pero que también tenga habilidades políticas. Además debería tener conocimiento de procesos de transferencia, bioética, administración y finanzas. Como características personales se espera que tenga capacidad de liderazgo, negociación y resolución de conflictos; que sea buen comunicador y con visión amplia, inclusiva y de largo plazo.

Se espera que el futuro ministerio incluya a las ciencias sociales, humanidades y artes, aunque no hay acuerdo respecto de la inclusión de la innovación. Se sugiere definir líneas estratégicas prioritarias, temas con financiamiento permanente y crear un fondo para investigación de emergencia. Estas líneas las desarrollaría el ministerio en acciones a corto, mediano y largo plazo, que considere tanto necesidades como capacidades regionales.

Otra función que se espera del ministerio es la coordinación con otros ministerios e instituciones afines, fomentando la investigación colaborativa e interdisciplinaria. Para esto, todos los fondos relacionados con ciencia y tecnología deberían quedar bajo su administración, incluyendo lo que ahora maneja CORFO y el Ministerio de Economía, aunque algunos plantean una instancia de coordinación con CORFO. Dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología deberían crearse estructuras que permitan enfocarse en distintas áreas, por ejemplo: ciencia básica, aplicada, transferencia, divulgación y centros regionales. El ministerio debería articular y fomentar las relaciones con la sociedad en general, y en particular con las empresas y otros entes del Estado.

Los asistentes esperan que el ministerio fomente la actividad científica protegiendo las condiciones laborales de los investigadores, impulsando la calidad y cantidad de programas de doctorado dentro del país, articulando redes de investigadores y promoviendo la divulgación científica y transferencia tecnológica. Todo esto no sería posible sin incrementar el porcentaje del PIB que se invierte en ciencia y tecnología a niveles más cercanos a la OCDE, ya que se asume que la creación del ministerio tendrá un costo, y no pueden destinarse a ello los fondos dedicados a investigar en todas las áreas, incluyendo artes y humanidades.

En cuanto al resguardo y promoción de la investigación en regiones, se señala la necesidad de generar una estrategia país de ciencia y tecnología con un modelo descentralizado de gestión, promoviendo la autonomía regional en la toma de decisiones y la articulación dentro de cada región con otras seremías. Se sugiere promover la inserción de científicos jóvenes en regiones a través de la creación de centros regionales.

Los investigadores señalan que se debe evitar que el ministerio genere un exceso aún mayor de burocracia, que se dupliquen los financiamientos para los mismos proyectos, o que se entreguen fondos a investigaciones que pueden ser financiadas por el sector privado. Se espera que no haya tráfico de influencias en la toma decisiones ni falta de transparencia, u otras “malas prácticas”. En resumen, el ministerio debería enfocarse en el resguardo del bien común con una mirada de largo plazo.

 

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