Repensando el Programa de Formación de Investigadores para Chile

Durante los últimos cinco años el programa de Becas Chile ha estado en constante debate. Desde 2012 distintas organizaciones de investigadoras e investigadores han presentado el diagnóstico de los problemas y propuestas con soluciones para el rediseño de este programa. Producto de este trabajo, y luego de años de insistencia, se han logrado importantes modificaciones al decreto 664 lo que permite una mejora a la política de regreso y retribución de los beneficiarios de este programa.

Sin embargo, durante los últimos meses ha surgido la idea de transformar el programa de Becas Chile en un sistema de créditos similar al CAE, esto con el objetivo de que la devolución del dinero sea una parte de la retribución que deben hacer los beneficiados de este programa. Una propuesta que amenaza los avances logrados para mejorar la política de formación de investigadores y evidencia la mirada cortoplacista con la que se piensa la política de ciencia y tecnología del país.

La actual política de formación responde a la necesidad de mejorar las cifras de la ODCE, donde el promedio de investigadores por cada mil trabajadores es de 7.6 al año 2013, pero en Chile es de 0.9. El problema surge al generar una primera etapa de formación precaria y al no considerar la segunda etapa de inserción, lo que revela una lamentable falta de visión de fondo, que planifique y oriente en virtud de un plan de desarrollo científico y tecnológico con impacto en nuestras comunidades. Con esto la política se queda corta y no alcanza a cubrir las brechas identificadas, pues sólo concibe las becas como una forma de financiar la demanda, manteniendo la lógica neoliberal de competencia y el progreso de la ciencia de manera individual y no colaborativa. Esta forma de concebir como el país progresa y se desarrolla, en el fondo, no permite pensar que la formación de profesionales sea un aporte a la sociedad por medio de una estrategia de largo plazo.

En este contexto, el cambio del programa de becas por un crédito tipo CAE, profundiza esta lógica y reproduce uno de los elementos centrales en la desigualdad de nuestro país, la deuda. Además lapidaría la posibilidad de generar un política coherente con una estrategia de desarrollo país que permita diversificar la matriz productiva, desentendiéndose de esta responsabilidad, y dejándola como resultado espontáneo del mercado y de la decisión individual de las personas que deciden especializarse.

Una política de formación de profesionales debe pensarse en el marco de un Plan o Política Nacional de desarrollo, para que quienes deseen aportar al país especializándose, participen en instituciones académicas, centros de estudio, el Estado y el sector productivo, con el fin de hacer una contribución en pos de la sociedad y sus necesidades. De esta manera, se asegura una retribución adecuada y pertinente a nuestro país, según sus áreas de especialización.

Por otro lado esta política debe entenderse como una oportunidad para que el conocimiento entre Chile y el extranjero circule. Así el envío de profesionales a especializarse a otros países debe ser parte de un esfuerzo de Diplomacia Científica, donde la flexibilización de volver al país se entienda como una política de largo alcance, que permite establecer convenios o acuerdos para que la retribución se realice ya sea estudiando materias de interés nacional en el extranjero, o creando redes para tener circulación de los investigadores chilenos. Sin embargo se deben establecer mecanismos que aseguren que esta forma de colaboración entre países sea realmente una contribución de ambas partes.

De no hacerse, esta política contribuye a la “fuga de cerebros” y se transforma en subsidios del estado chileno a la investigación de países desarrollados, entregando profesionales como mano de obra gratuita.

Finalmente debemos cambiar la lógica de “estudiantes” y considerar a los becarios como trabajadores/investigadores, pues investigar es trabajar. Por lo que en vez de firmar un pagaré al momento de obtener este beneficio, debería firmarse un Contrato con el Estado, que asegure derechos y deberes de los investigadores con la sociedad chilena, como se hace en muchos lugares del mundo.

Estos elementos permitirían generar un programa de formación de profesionales que este a la altura de las necesidades de nuestro país y deja el desafío, para quienes hoy despliegan esfuerzos por construir un nuevo Chile desde todas las áreas del conocimiento, de superar personalismos y diferencias en pos de articularse y constituirse como un actor que sea protagonista en los cambios para la investigación chilena y sea parte de las profundas transformaciones que necesita nuestro país.

Ignacio Ormazábal Inostroza. Presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP).

Cristian Undurraga S., PhD. Miembro de ANIP, Vocero Comisión Becas de Redes Chilenas de Investigadores (ReCh).

Fuente: Chile científico

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